Simulación de autoridades para hacer efectiva la AVG

STAFF:Matrix Noticias/14tvMexico/CimacNoticias/Por: Anayeli García Martínez y Anaiz Zamora Márquez

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REPORTAJE
Simulación de autoridades para hacer efectiva la AVG
Inmujeres y Conavim planean por separado reformas legales
 
De manera desarticulada e incluso violando la ley, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dan “palos de ciego” en su intención de reformar leyes y normas para garantizar la aplicación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) ante el recrudecimiento del feminicidio.
 
Y es que ante las constantes negativas del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) –integrado por dependencias federales y los institutos estatales de las Mujeres–, para declarar la AVG en estados con altos índices de asesinatos, Inmujeres y Conavim trabajan de manera descoordinada para modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y su reglamento.
 
Actualmente la Conavim –instancia de la Secretaría de Gobernación (Segob)– mantiene en la “congeladora” una propuesta de reforma al reglamento de la LGAMVLV, mientras que el Inmujeres planea una reforma a la Ley General, lo que de concretarse dejaría sin efecto los cambios a la norma secundaria.
 
Al trabajar cada quien por su lado, ambas dependencias incurrirían en una violación al artículo 35 de la Ley General, que establece que como integrantes del SNPASEVM deben conjuntar “esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales”, para combatir la violencia de género.
 
CAMBIOS AL REGLAMENTO
 
En junio de 2012 la Conavim instaló un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de reforma al reglamento de la Ley General y con ello garantizar el funcionamiento de la AVG, mecanismo creado para activar acciones de emergencia contra la violencia hacia mujeres y niñas en un territorio determinado.
 
Desde 2011 Conavim firmó un convenio con el Instituto Nacional de Administración Pública, para hacer un estudio sobre el procedimiento para declarar la AVG. Los resultados servirían para las reformas pertinentes.
 
En el grupo participó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) –organización que da un registro de la violencia contra las mexicanas–, y diputadas federales de la Comisión Especial de Feminicidio.
 
María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, dijo que la propuesta de reforma quedó lista desde noviembre de 2012 y que para entrar en vigor sólo deber ser publicada por la Segob.
 
El nuevo reglamento elimina la votación de una investigación previa para determinar la procedencia de la alerta, como se hace actualmente.
 
Una vez admitida la solicitud, un grupo interdisciplinario, y no el SNPASEVM, hará un diagnóstico de la situación de violencia que viven las mujeres en el territorio denunciado, para luego decidir si procede o no la Alerta de Género.
 
El grupo interdisciplinario se integraría por representantes del Inmujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, académicas locales y nacionales, e incluso podrían participar instancias de Naciones Unidas en la elaboración del diagnóstico
 
INOPERANCIA
 
Desde 2007 (cuando entró en vigor la LGAMVLV) en ningún estado se ha declarado la procedencia de la AVG, pese a que a diario en todo el país seis mujeres son asesinadas, según reveló ONU-Mujeres.
 
En la historia de burocratismo y negativas de AVG por “razones partidistas”, el Inmujeres (como Secretaría Ejecutiva del SNPASEVM) ha jugado un papel central al rechazar las solicitudes que le presentan grupos civiles.
 
El Pleno del SNPASEVM ha votado y rechazado cuatro solicitudes de procedencia de investigación para Nuevo León (2009), Estado de México (2011), e Hidalgo y Guanajuato (2013), entidades con elevadas cifras de asesinatos y desapariciones de mujeres.
 
Pero organizaciones civiles y académicas han informado que otras solicitudes de AVG han sido desechadas por el Inmujeres por diversos motivos, muchas veces burocráticos.
 
Por ejemplo, en 2008, mujeres triquis de Oaxaca fueron las primeras en solicitar la activación de la AVG, pero como aún no había reglamento de la Ley General la petición no fue admitida.
 
También una asociación civil sinaloense presentó una solicitud por violencia feminicida en su entidad, y activistas guanajuatenses lo hicieron por “agravio comparado” en rechazo a las reformas a la Constitución local de 2009 para “proteger la vida desde la concepción”, y que derivó en que las mujeres fueran criminalizadas por abortar.
 
Inmujeres rechazó ambas peticiones con el argumento de que incumplían con los requisitos legales.
 
Igualmente, a inicios de este año el Colectivo Feminista Hidalguense presentó una solicitud que fue negada debido a que la organización “no contaba con un acta constitutiva”.
 
INTERESES PARTIDISTAS
 
Ante la constante negativa del SNPASEVM de iniciar una investigación por violencia feminicida, activistas, legisladoras e incluso la propia titular del Inmujeres, Lorena Cruz, han criticado que la AVG “se ha politizado” y se utiliza como arma de golpeteo partidista.
 
Representantes de la sociedad civil apuntan que si el nuevo reglamento de la Ley General se hubiera publicado desde noviembre pasado, al menos las solicitudes presentadas en lo que va del año hubieran procedido.
 
En marzo pasado, la agrupación ciudadana Servicios de Inclusión Integral presentó la solicitud de AVG para los municipios hidalguenses de Tula y Atitalaquia, debido a que en seis meses se registró el asesinato de seis mujeres.
 
En abril pasado, el Centro Las Libres presentó la petición para el estado de Guanajuato, pues en los primeros cuatro meses del año 24 mujeres fueron asesinadas.
 
Mientras esas solicitudes eran rechazadas por el SNPASEVM, el Inmujeres creó este año un grupo de trabajo con legisladoras y expertas en violencia de género, para elaborar una propuesta de reforma a la LGAMVLV y así facilitar la procedencia de la AVG.
 
Lorena Cruz ha señalado que se deben impulsar acciones “focalizadas, inmediatas y transversales” para prevenir los asesinatos por razón de género, por lo que se comprometió a revisar y armonizar las legislaciones existentes.
 
Al respecto, Rodolfo Domínguez, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, consideró que en lo que está lista la reforma a la Ley General debe entrar en vigor el nuevo reglamento. Lo que debemos evitar es que a las mujeres las sigan matando, sentenció.

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