Epn Fallido: Desdén oficial ante violencia de género

STAFF:Matrix Noticias/RadioActivo 3.0/CimacNoticias/por: Anaiz Zamora Márquez

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REPORTAJE
Desdén oficial ante violencia de género
Año de discursos mientras agresiones aumentan

CIMAC Foto: César Martínez López
CIMAC Foto: César Martínez López

Durante su primer año de gobierno Enrique Peña Nieto se limitó a responder a la violencia que enfrentan las mexicanas con discursos de buenas intenciones y más compromisos ante la comunidad internacional, pero aún están pendientes recomendaciones en la materia emitidas por mecanismos de Derechos Humanos (DH).
 
Durante 2013, para el gobierno federal la violencia de género estuvo presente sólo en los discursos de días conmemorativos y en los compromisos asumidos a nivel internacional.
 
Sin embargo, las constantes exigencias de organizaciones civiles para que se declarara la Alerta de Violencia de Género (AVG) en varias entidades demuestran la incapacidad del Estado mexicano para proteger a las mujeres.
 
Este año Lorena Cruz Sánchez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), sumó nuevos compromisos a la larga lista de pendientes en materia de DH de las mexicanas.
 
Durante la clausura de la 57 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres (CSW 57) –celebrada del 4 al 15 de marzo en la ONU–, la delegación del gobierno de México impulsó la inclusión en el documento final (que define los lineamientos que seguirán las naciones en la creación de políticas públicas) de la definición de feminicidio.
 
Ya en México, Cruz Sánchez al ser cuestionada por la prensa sostuvo que el nuevo compromiso internacional se traduciría en que el delito de feminicidio sería tipificado y homologado en todo el país, y se crearían los protocolos necesarios para la adecuada investigación de este crimen.
 
Al terminar el año, aún está pendiente la tipificación del feminicidio en los estados de Michoacán y Chihuahua.
 
No obstante, muchas entidades no cuentan con un tipo penal autónomo, es decir, se tipificó al feminicidio sólo como un agravante del delito de homicidio doloso, lo que implica que para acreditar este crimen primero se debe comprobar otro tipo penal.
 
La inacción y simulación del Estado para detener la violencia de género, especialmente el feminicidio, ha sido reiteradamente denunciada por grupos civiles.
 
En febrero pasado el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe en el que sustentó que en cuatro años (2009 a 2012) se agravó la violencia de género en México.

El documento hacía énfasis en el feminicidio, la violación sexual y las desapariciones de jóvenes, tres temas que han sido soslayados por las autoridades mexicanas. 
 
MÁS DE 1,300 RECOMENDACIONES
 
El pasado 23 de octubre en Ginebra, Suiza, México fue evaluado en el Examen Periódico Universal (EPU) del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y como resultado se emitieron 180 recomendaciones en la materia.
 
Cabe aclarar que no son las únicas observaciones que ha recibido el gobierno mexicano. De 2000 a 2011, nuestro país mereció mil 361 recomendaciones referentes a los DH de las mujeres por parte de organismos internacionales de Derechos Humanos.
 
Lo anterior de acuerdo con el reporte “¿Cumple la Administración Pública Federal con las recomendaciones del Comité CEDAW? Seguimiento de las recomendaciones de la CEDAW en México 2009-2012”, que informa que en 11 años México recibió más de mil 300 recomendaciones derivadas de los impedimentos y obstáculos que viven las mujeres para acceder a sus DH.
 
De acuerdo con la investigación, 314 de ellas están relacionadas con la violencia que padecen las mexicanas y 101 corresponden sólo a casos ocurridos en Ciudad Juárez.
 
Dentro de las recomendaciones del Comité CEDAW está retirar las barreras y obstáculos que han impedido la declaración de la AVG en los estados que la han solicitado.
 
Pese a la encomienda internacional, el gobierno negó las solicitudes de AVG para Hidalgo, Guanajuato y Estado de México.  
 
Además, como exigencia ciudadana por medio de protestas y misivas enviadas a autoridades federales, se pidió declarar la AVG en los estados de Chiapas y Morelos, pero fueron ignoradas.
 
Para dar respuesta al reclamo social por la no aplicación de la AVG, el gobierno federal reformó el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que define el proceso para presentar las solicitudes de alerta.
 
El OCNF, que agrupa a diversas organizaciones civiles, denunció que el “nuevo” reglamento no elimina las barreras y por el contrario excluye a la ciudadanía del proceso.
 
Otra muestra del desdén oficial ante la violencia lacerante contra las mexicanas, es que apenas en octubre pasado el Inmujeres anunció que el 25 de noviembre se publicaría en el Diario Oficial de la Federación el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mandatado en la ley desde 2007. Hasta ahora no ha sido así.

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