Ingeniería del control social

STAFF: Matrix Noticias/RadioActivo 3.0 HD/Por: Arturo Cordova S/Por: Redaccion/Con información: Rebelion.org

A finales del siglo pasado se desarrolló un debate sobre los estrategias de control social que se establecerían en el siglo XXI. Para sintetizarlo se acudió a las novelas de referencia de George Orwell “1984” y Aldous Huxley “Un mundo feliz”. Orwell previó la llegada de sofisticados medios tecnológicos que se utilizarían para vigilar y reprimir a las poblaciones -cámaras, armas sintéticas, biológicas, drones-. Por su parte Huxley señaló que no harían falta estos dispositivos ya que las poblaciones se “desconectarían” de la realidad mediante la tecnología y el consumismo -espectáculo, televisión, videojuegos o Internet- mientras la catástrofe ocurriría a su lado (http://goo.gl/wStxRw).

Ambos tuvieron razón, todo depende del origen social y de dónde nos encontremos situados dentro del sistema-mundo. En los países centrales del capital, a las sociedades se les adormece principalmente con el uso de la realidad virtual. Pueden ver por sus pantallas cómo miles de personas mueren en el Mediterráneo y quedarse tranquilos porque la Cruz Roja, ACNUR o la Agencia Frontex “ya se están encargando de la situación”. Apagan sus aparatos y a cenar. Otros muchos, después de décadas de propaganda, lo de rescatar a refugiados ni les viene ni les va.

En los países periféricos, aquellos que sirven para expoliarse sistemáticamente se aplica preferencialmente la técnica Orwell, pura y dura represión, tirar a matar. Es por eso que Raúl Zibechi recuerda que toda lucha de liberación implica una continua lucha de descolonización.Siguiendo a Frantz Fanon, señala que para el colonialismo, “el otro” es el “no-ser”. No vale, es “la nada”. Por eso, se puede torturar, desaparecer, matar. Similar a la suerte que corren las personas migrantes y refugiados en el Mediterráneo (http://goo.gl/KVMlEp).

En paises semi-periféricos, como México, aunque ocurre en todo el mundo con diferentes intensidades, podemos observar cómo se aplican los dos mecanismos. Por una parte, una campaña mediática de propaganda y terror – o guerras de cuarta generación-; entre sus objetivos se encuentran infundir miedo y desánimo, el uso emocional sobre la razón e imponer políticas antisociales; entre sus herramientas, la repetición masiva e incesante, construcción de realidades mediáticas, manipulación y censura, cortinas de humo e intimidación de periodistas. Por otra parte, una brutal represión hacia los grupos que viven parcialmente o fuera del mercado, como pueblos indios y grupos organizados o disidentes, así como a todas y todos aquellos que pertenecen a la zona del “no-ser” -mujeres, indígenas, migrantes o personas discapacitadas-.

Las dos técnicas dominantes de ingeniería de control social en el siglo XXI son el tronco principal de las modernas “guerras irregulares” o “guerras de baja intensidad”. Sus principales impulsores han sido los Estados Unidos tras el fracaso en la ocupación de Vietnam y los altos costes que han supuesto mantener las guerras de Afganistán e Irak. Así, guerras no-convencionales llevan a su máxima expresión la lógica industrial del capitalismo neoliberal -generar más ganancias al mínimo costo-.

Rafael Barajas -El Fisgón- en “Narcotráfico para inocentes” (2011) analiza el modus operandi en profundidad. Mientras la guerra tradicional busca derrotar militarmente al adversario, el objetivo principal de la guerra irregular es dominar e influir sobre la población civil de un país. Según el Pentágono “es la estrategia de guerra que tiene como objetivo la credibilidad y/o legitimidad de la autoridad política relevante, con la finalidad de minar o sostener esa autoridad”. En 2010, EEUU operaba con fuerzas especiales encubiertas en 75 países como Irán, Bolivia, Ecuador, Colombia o México, pero también en aliados como Turquía, Bélgica, Francia o España.

Las guerras de baja intensidad, a pesar de contar con presupuesto americano formal, son secretas y no están sujetas a la legalidad ni al escrutinio del Congreso o del público. El campo de batalla no tiene límites, las tácticas y estrategias son no-convencionales. La contra-insurgencia y la subversión, además del uso de fuerzas especiales para ejecutar operaciones clandestinas de guerra, son las principales técnicas empleadas para lograr desestabilizar al adversario desde dentro. Es común el uso de fuerzas paramilitares o empresas privadas como Blackwater (http://goo.gl/6CjRgg).

El Washington Post publicó en 2010 testimonios de “altas fuentes del ejército americano” en el que señalaban que Obama, premio Nobel de la Paz, “firmó la Doctrina de Guerra Irregular que da prioridad a esta forma de guerra sobre la guerra convencional” y que “ha expandido considerablemente una guerra, en gran parte secreta, de EU contra al-Qaeda y otros grupos radicales”(http://goo.gl/jVq7u2). En este sentido, reconocer la responsabilidad de Occidente como fábrica de terrorismo y refugiados, es fundamental ante los últimos atentados terroristas en Europa (http://goo.gl/zKi5HD).

La Doctrina de Guerra Irregular valida a EEUU a invadir países, como ha ocurrido recientemente en Irak, Afganistán o en México con el argumento de la supuesta guerra contra el narcotráfico. Anabel Hernández, “Los Señores del Narco”(2010), documenta ampliamente con nombres y apellidos los nexos históricos entre políticos de alto nivel mexicanos, la agencia antidrogas americana y el Cartel de Sinaloa en su interés por mantener el flujo constante de la droga a los Estados Unidos y hacerse del monopolio. El Comando Norte americano señaló en 2010 que participa “en el ámbito de las fuerzas de seguridad mexicanas y entrena a militares mexicanos en contra-insurgencia con tácticas utilizadas en Afganistán e Irak”. Así mismo, se ha destapado que los gobiernos de México y EU intentan mantener estas misiones en secreto ante posibles violaciones a las leyes o de la soberanía (http://goo.gl/9soQ8Q).

La llegada de las distopias conjuntas de Orwell y Huxley y la mutación de las guerras convencionales a guerras irregulares son resultado del éxito del capitalismo salvaje. Restablecer el tejido social y la defensa de la vida es el primer paso para enfrentarlo. Como señala el Fisgón, para acabar con el narcotráfico -y podemos agregar el terrorismo- es necesario combatir las lógicas, los valores, las redes de interés y corrupción que alimentan el sistema.

Tomado de Rebelión

Nadia Vera, ejecutada junto con Rubén Espinosa, dijo que Javier Duarte sería respondable si le pasara algo… #JusticiaParaLxs5

STAFF: Matrix Noticias/RadioActivo 3.0 HD/Por: Alexandra Méndez/Redacción/Con informacion: Corresponsales y RompeViento TV

En entrevista con el canal de televisión por internet Rompeviento, la activista Nadia Vera, una de las asesinadas y VIOLADAS sexualmente  en el multihomicidio de la colonia Narvarte de la ciudad de México, señaló a posibles responsables de que algo le ocurriera:

‘Proceso’ recuerda las amenazas contra Rubén Espinosa

Solidaridad para suscribir desplegado por desaparecidos‏

STAFF:Matrix Noticias/RadioActivo 3.0 HD/Por: Melissa Hernandez/Por: Redacción

Desplegado

México, mayo de 2015

Ante la permanencia del terrorismo de Estado, mantenemos la exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy por motivos políticos y sociales

AL PUEBLO DE MÉXICO

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO

A ocho años del crimen de lesa humanidad cometido por el Estado mexicano, al ejecutar la detención-desaparición en contra de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, reivindicados por el PDPR-EPR; en condición similar se encuentran las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el indígena chatino Lauro Juárez y el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz; situación deleznable que se acentúa con la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero y 3 ejecutados extrajudicialmente. La impunidad, la demagogia y la dilación es la única respuesta del gobierno antipopular no sólo en estos casos sino en las decenas de miles de detenidos desaparecidos por motivos políticos y sociales.

La desaparición forzada de personas en nuestro país se ha configurado en política de Estado, una práctica sistemática y recurrente sin importar quién esté al frente del Ejecutivo federal. Las cifras hablan por sí mismas en esta larga noche de terror por la que han conducido al pueblo los  gobiernos neoliberales; se hace imprescindible la suma de todos los esfuerzos para condenar y desterrar esta deleznable práctica.

Los que firmamos la presente, amigos, familiares y organizaciones del pueblo nos pronunciamos y convocamos a continuar incansablemente en la exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos del país; exigimos se acate y respete la resolución emitida por el noveno tribunal colegiado para que se inicie la búsqueda de los luchadores sociales en las principales instalaciones militares del país, asimismo, el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de esta práctica del terrorismo de Estado, porque esta lucha y demanda es de todos.

¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!

¡No están todos, nos faltan más de 110 mil!

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos; Federación Latinoamericana de Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM); Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH); Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

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Lic. P. Nadín Reyes Maldonado
Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos”Hasta Encontrarlos”
Ciudad de México

Aportaciones y donaciones solidarias en la cuenta: 2721895699 de BBVA Bancomer
http://www.hastaencontrarlos.org/
http://www.facebook.com/hastaencontrarlos

AMNISTÍA INTERNACIONAL EXIGE A LAS AUTORIDADES ACTUAR CON DEBIDA DILIGENCIA EN LA INVESTIGACIÓN DE CASOS DE FEMINICIDIO

STAFF:Matrix Noticias/RadioActivo3.0 HD/Por: Alexandra Mendez/ Redacción/Boletin de Prensa

En México la violencia de género y la discriminación violan diariamente los derechos humanos de mujeres y niñas. La impunidad de tal violencia, incluyendo el abuso sexual y el feminicidio, es generalizada.

Las leyes federales y locales promulgadas desde 2007 para mejorar los procesos de investigación y prevención de la violencia son ampliamente ineficaces o no se han aplicado, dejando a las mujeres y a las niñas en un riesgo constante. Además, prevalecen las deficiencias en el tratamiento efectivo de los casos.

El sistema de justicia mexicano ha demostrado ser insuficiente para afrontar la investigación con perspectiva de género de casos de violencia contra la mujer, con frecuencia las investigaciones presentan irregularidades como la demora en su iniciación, la lentitud de las mismas o inactividad en los expedientes, negligencias e irregularidades en la recolección y realización de pruebas y en la identificación de víctimas, pérdida de información y la falta de consideración de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno de violencia de género.

“Una investigación efectiva que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, constituye un paso necesario para el conocimiento de la verdad, por ello debe garantizar que los funcionarios públicos rindan cuentas por incumplimiento de sus obligaciones tanto para proteger a las mujeres claramente en riesgo, como para investigar a los responsables de actos de violencia contra las mujeres”. Señaló Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

El derecho a una vida libre de violencia conlleva la obligación de prevenir la violencia contra mujeres y niñas, incluyendo la violencia doméstica, las desapariciones, la tortura y los homicidios, especialmente el feminicidio; investigar, procesar y castigar a los perpetradores, sean estatales o no estatales; proveer reparación para las mujeres que hayan sido víctimas de violencia. Dicha obligaciones adquieren mayor relevancia en un contexto de violencia contra la mujer donde las autoridades investigadoras deben explorar las líneas de investigación necesarias a fin de determinar la verdad de los hechos.

Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades a garantizar la realización de investigaciones exhaustivas, independiente e imparciales que incorporen perspectiva de género, la provisión de reparación integral para las víctimas y sus familias y la realización de cambios en políticas y prácticas para erradicar la violencia contra las mujeres.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El Comité para la Eliminación de todas las formas de Violencia Contra las Mujeres expresó en 2012 su preocupación por el aplazamiento en la aplicación de los mecanismos de protección previstos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en particular […] las ineficiencias procesales que previenen la activación del Mecanismo de Alarma de Género, y recomendó al Estado mexicano abordar urgentemente los obstáculos que limitan la activación del mecanismo de Alerta de Género.

La alerta fue establecida para romper este círculo de impunidad y lograr una respuesta efectiva de diversas autoridades con la participación de la sociedad civil. La dificultad experimentada en la práctica para utilizar este mecanismo suscita serias preocupaciones acerca del compromiso de las autoridades federales y estatales en cuanto a la utilización de todos los medios disponibles en la lucha contra la violencia basada en el género

Amnistía Internacional ha visto con preocupación cómo pese a que la violencia contra mujeres y niñas es generalizada en numerosos estados, y que se ha solicitado en diferentes ocasiones la aplicación de esta medida, hasta el momento se ha rechazado reiteradamente. Esta es una muestra de la falta de aplicación efectiva de la legislación para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres.

México: evidencia forense reciente desafía la teoría gubernamental sobre la desaparición de los 43 estudiantes

STAFF:Matrix Noticias/RadioActivo3.0 HD/Por: Alexandra Mendez/Redacción

El 7 de febrero, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) indicó que pone en duda la investigación llevada a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR), ya que sus conclusiones son prematuras y están basadas en un análisis sesgado de la evidencia disponible.

A petición de las familias de las víctimas, el EAAF ha participado en este caso con el propósito de garantizar que la investigación sea sostenida y apoyada científicamente. Sin embargo, los altamente respetados expertos independientes hicieron pública su preocupación de que las conclusiones presentadas por el Procurador General evidenciaban graves deficiencias en la investigación y fueron emitidas meses antes de la conclusión del trabajo forense. La respuesta inmediata de la Procuraduría General falló en abordar satisfactoriamente estas inquietudes. Peor aún, la declaración de la Procuraduría General parece estar escrita para responder de prisa al cuidadoso examen realizado por el  EAAF y parece intentar desacreditar el trabajo y la reputación del EAAF en lugar de analizar las recomendaciones del equipo forense.

De acuerdo con el EAAF, la explicación gubernamental de los eventos no tomó en cuenta que, si bien no hay evidencia forense para vincular a los estudiantes desaparecidos a los restos humanos encontrados en el basurero en Cocula, sí existe clara evidencia de que al menos algunos de los restos pertenecen a víctimas no relacionadas con este caso. Como Amnistía Internacional ha subrayado en varias ocasiones, el gobierno sostiene su caso principalmente en los testimonios auto inculpatorios dados por los detenidos y evidencia forense muy limitada.

A Amnistía Internacional le preocupa que la evidencia podría haber sido manipulada. El EAAF reveló que 20 perfiles genéticos enviados a la Universidad de Innsbruck por las autoridades eran erróneos, y que el basurero de Cocula no estaba bajo custodia policial del 7 al 28 de noviembre de 2014. Estas inconsistencias deben investigarse adecuadamente por el gobierno, en estrecha colaboración con el EAAF, familiares de las víctimas y sus representantes.

Las familias de las víctimas han expresado en repetidas ocasiones que la Procuraduría General informa a los medios de comunicación antes de revelar información sensible a ellos, faltando a su compromiso de mantenerles informados, con prioridad, de la evolución del caso. Amnistía Internacional pide al gobierno discutir adecuadamente todos los aspectos relevantes de este caso con las familias y sus representantes antes de hacer cualquier anuncio público.

La Procuraduría General debe respetar las demandas legítimas de las víctimas y de la sociedad en general, para examinar a fondo la historia contada por quienes sobrevivieron al ataque del 26 y 27 de septiembre. Por lo tanto, esta investigación debe incluir un cuestionamiento serio sobre la posible participación de militares durante el día del ataque y su posible complicidad previa con el crimen organizado que permitió que la violencia creciera de tal manera en la región.

Amnistía Internacional insta al gobierno a dar al EAAF pleno acceso a sus archivos e información necesaria que les permita continuar su investigación. Los miembros del EAAF deben gozar de todas las garantías necesarias para cumplir con su deber sin ninguna interferencia indebida, evitando además cualquier descalificación por parte de funcionarios de alto rango.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la participación de un grupo interdisciplinario de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte fundamental de este caso. Al igual que con el EAAF, el gobierno debe otorgar acceso completo y todas las garantías necesarias en el desempeño de su tarea.

México, en crisis y bajo el escrutinio del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU

STAFF:Matrix Noticias/RadioActivo3.0 HD/Por: Erika Rubio/Redacción

30 de enero de 2015

  • El Comité examinará por primera vez a México sobre el grado de cumplimiento de sus obligaciones respecto de las víctimas de desapariciones forzadas o involuntarias.

  • La revisión se realiza en el contexto de la crisis del Estado mexicano en materia de derechos humanos, de legitimidad de sus políticas y de impunidad.

  • Las conclusiones del Comité deben representar un punto de inflexión que permitan un cambio profundo en las acciones estatales.

México, D.F.- El próximo 2 y 3 de febrero el Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, en su 8º periodo de sesiones a celebrarse en Ginebra, Suiza, examinará a México sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El Comité cuenta con informes rendidos tanto por el Estado como por diversas organizaciones de la sociedad civil. En esta ocasión, sostendrá un diálogo público con el Estado mexicano, brindará un espacio para las organizaciones y víctimas para finalmente adoptar sus conclusiones y recomendaciones, mismas que se harán públicas el 13 de febrero.

México llega a este espacio señalado nacional e internacionalmente por usar la desaparición forzada desde la llamada “guerra sucia”, cuya impunidad persistente ha hecho posibles las más de 23,000 desapariciones contabilizadas oficialmente hasta el 2014. A la fecha, según el reporte del Estado, sólo existen 6 sentencias a nivel federal por casos de desaparición forzada lo cual continúa generando la comisión impune, generalizada y sistemática de estas graves de violaciones a derechos humanos.

En este marco, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero ha puesto en evidencia el actuar del Estado al violar los derechos humanos fundamentales para luego incumplir con su obligación de búsqueda e investigación adecuadas que conduzcan al paradero de los estudiantes y permitan conocer la verdad de lo sucedido, sancionar adecuadamente a los responsables y brindar una reparación adecuada y proporcional por los trágicos hechos.

A la par, resultan inaceptables los persistentes retrasos que México ha tenido frente al CED, que en el actual contexto debería resultarle prioritario. Ejemplo de ello es que el primer informe estatal, cuya fecha límite de presentación era diciembre de 2012, fue presentado en marzo de 2014. Igualmente, México se negó a contestar la petición del Comité de visitar el país durante el 2014 y finalmente demoró y limitó su contestación escrita a las preguntas previas formuladas por el Comité, omitiendo abordar las cuestiones más críticas el número real de personas desaparecidas así como la actuación y respuesta frente a casos emblemáticos como el de Ayotzinapa.

La falta de transparencia e información adecuada constituye una de las limitantes para un verdadero escrutinio internacional que permita exigir procesos de rendición de cuentas sobre una problemática que ya ha tenido diversos pronunciamientos de órganos internacionales, tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Asimismo, hasta la fecha el Estado se ha negado a reconocer la competencia del Comité para recibir tanto quejas individuales como interestatales de casos de desaparición forzada lo cual, en el contexto mexicano, limita seriamente los derechos humanos de las víctimas de acceder a instancias que puedan garantizar sus derechos de acuerdo al artículo 31 de la Convención. Además, un grupo de organizaciones de la sociedad civil solicitó una reunión con la Cancillería para plantear este tema desde el 8 de septiembre de 2014, pero nunca recibieron respuesta a su solicitud.

Tanto familiares de personas desaparecidas -mexicanas o migrantes- como las organizaciones abajo firmantes participaremos activamente en las sesiones del Comité CED para exigir que en México ninguna persona vuelva a desaparecer y se esclarezca la historia de decenas de miles de personas cuyo paradero se desconoce y por las cuales las familias y organizaciones no nos cansaremos de exigir verdad, justicia y reparación.

Organizaciones firmantes:

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)

Fundación Diego Lucero
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación

H.I.J.O.S. México

Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)

Denuncian hostigamiento a defensores de DDHH por parte del Cisen

STAFF:Matrix Noticias/RadioActivo3.0 HD/Por: Erika Rubio/Redacción

Diversos organismos dedicados a la protección de derechos humanos emitieron una carta dirigida al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para manifestar su preocupación por la información publicada por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) sobre Vidulfo Rosales Sierras y Abel Barrera, ya que ambos defensores de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, afirman, sufrieron descalificaciones acerca de su labor, debido al apoyo mostrado a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa.

 “Es sumamente preocupante que se trate de desacreditar y criminalizar su trabajo de defensa en este contexto de profundo riesgo debido al acompañamiento a las familias de los 43 estudiantes normalistas víctimas de desaparición forzada de Ayotzinapa” señala el escrito.

 En el año 2012, Vidulfo Rosales tuvo que salir del país al recibir amenazas de muerte debido a su trabajo en Guerrero y porque el estado no le garantizo medidas de seguridad para proteger su vida.

 “Como Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos estamos sumamente preocupados por la seguridad de Vidulfo Rosales y Abel Barrera, ya que al ser considerados  ‘peligrosos para la gobernabilidad’  los pone en un alto riesgo, por lo que le pedimos se garantice su seguridad y se les brinde garantías para que puedan seguir realizando su trabajo en la defensa de los derechos humanos. Pedimos esclarezca la información que se ha dado a conocer y que se brinde garantías para quienes integran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan” finaliza la carta.

Agentes del INM agreden a integrantes del albergue Hermanos en el Camino

STAFF:Matrix Noticias/RadioActivo3.0 HD/por: Redacción/Con información: APRO

OAXACA, Oax. (apro).- El albergue de migrantes Hermanos en el Camino fundado por el padre Alejandro Solalinde, denunció que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) agredieron a defensores de derechos humanos.

Alberto Donis Rodríguez, representante del albergue, precisó que entre el grupo de víctimas se encuentran Irineo Mujica Arzate, fotoperiodista y defensor de derechos humanos, y Marlene López, investigadora académica de derechos humanos de la Paris School of International Affairs Sciences Po-Institut d’Etudes Politiques, de Francia.

Ambos activistas, señaló, detectaron la presencia de agentes del INM y militares en Chibela, un poblado oaxaqueño donde se pretendía realizar un retén con tres carros particulares de migración y tres convoyes del Ejército, y en ese momento fueron atacados.

En un comunicado, el albergue señaló que las agresiones se incrementaron a partir de la instrumentación del Programa Frontera Sur (PFS) del gobierno federal, y desde agosto a la fecha –subrayó– se registraron 57 casos de personas agredidas por delitos graves, como robo, extorsión, violación y lesiones, es decir que los agravios aumentaron cerca de 90%.

Por ello, solicitó a Amnistía Internacional (AI) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que vigile las acciones del PFS para evitar nuevas embestidas.

En respuesta a la agresión sufrida, Irineo Mujica Arzate y Marlene López, quienes acompañaban en su viaje a los activistas  Gonzalo González y Armando Medina, interpusieron una denuncia penal en la Fiscalía de Atención a Migrantes, ubicada en ciudad Ixtepec.

Las cuatro personas mencionadas también presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que inició una investigación por “la brutalidad de los hechos” y ofreció brindar acompañamiento a las víctimas.

De acuerdo con el texto difundido por el albergue “Hermanos en el Camino”, desde que se instrumentó el Programa Frontera Sur han documentado diferentes agresiones contra migrantes por parte de particulares; agentes de migración; policías federal, estatal y municipal, y grupos de la delincuencia organizada.

Mencionó que a raíz de la violación de una mujer en Chahuites, se dedicó a identificar las agresiones ocurridas en la zona del Istmo de Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Luego de externar su “preocupación e indignación por las formas indignas de trato hacia las personas migrantes y defensores de derechos humanos por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración”, relató que el pasado jueves 18 Irineo Mujica Arzate, Marlene López, Gonzalo González y Armando Medina fueron agredidos por funcionarios de ese organismo.

Ese día, apuntó, abordaron el tren en ciudad Ixtepec para dirigirse a Medias Aguas, Veracruz, con el objetivo de documentar las agresiones contra la población transmigrante en el marco del PFS, y en el poblado de Chibela personal del INM y del Ejército agredió al grupo de voluntarios.

“En estos lamentables hechos los agentes del Instituto Nacional Migración agredieron física y verbalmente a los compañeros que iban grabando; Marlene López fue la primera persona agredida, rodeada por siete agentes de migración, sometiéndola con violencia, sin permitirle que ella hablara y explicara los motivos de su presencia. Finalmente pudo liberarse con ayuda de dos compañeros”, relató.

Gonzalo González, quien en junio pasado acompañó la Caravana-Peregrinación por el Diálogo, también fue agredido y resultó con lesiones en ambas rodillas y el tobillo derecho. “Se les pidió a los agentes de Migración que no lo tocaran, explicando que estaba recién operado, y aun así lo aventaron a la fuerza, estrellándolo contra la puerta de una de sus vehículos. Le dieron una patada en el tobillo para tirarlo, cayendo de rodillas  y diciéndole: ‘te tenemos que detener putito’, al tiempo que intentaron quitarle su cámara  fotográfica”.

Armando Medina, quien acompañó el ayuno y oración por el éxodo de la niñez migrante en agosto de este año en el Distrito Federal, fue agredido por tres agentes de Migración. “Uno lo detuvo con violencia para que un segundo agente le quitara la cámara Sony Handycam plateada y un tercero lo golpeara en el pecho. Intentaron subirlo a la volanta (vehículo), pero logró liberarse”.

Y a Irineo Mujica, añadió, lo detuvieron dos personas de Migración, haciendo uso de la fuerza para robarle su equipo de video Panasonic JVC. “Además de golpearlo, intentaron asfixiarlo y lo lastimaron de los brazos para someterlo”.

El albergue exigió a las autoridades la devolución de las cámaras fotográficas y de video que se llevaron los agentes del INM. De igual manera, demandó sancionar a los agresores y destituirlos de su cargo.

Además de la reparación del daño a las víctimas, pidió que se respete la labor e integridad de los defensores de derechos humanos, y que a las personas migrantes se les proporcione la asistencia humanitaria necesaria.